Razón
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El proceso impulsado por Cepeda contra Uribe se extendió por más de doce años
De la denuncia inicial de 2012 a la acusación formal de 2024, el caso bordeó el límite de las garantías del debido proceso.
El hecho
La denuncia que Iván Cepeda radicó contra Álvaro Uribe Vélez en septiembre de 2012 derivó en un expediente que llegó a etapa de juicio oral apenas en 2024. Doce años de actuaciones procesales involucraron a tres instancias: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación y un juez penal del circuito de Bogotá. La duración convirtió el caso en el más prolongado de su tipo en la justicia colombiana reciente.
Análisis
La duración no es un detalle administrativo. Doce años de proceso significan doce años de incertidumbre jurídica para el investigado, doce años de relato político sostenido para el denunciante y doce años de desgaste institucional para el país. En cualquier estándar interamericano un proceso de esa extensión podría considerarse violación del derecho a un juicio en plazo razonable. Cepeda nunca se ha pronunciado sobre el tema, porque la duración favoreció su construcción política. Esa omisión es deliberada.
La garantía del plazo razonable está consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana y la Corte Interamericana ha emitido decenas de sentencias condenatorias contra Estados por procesos prolongados. Cuando el caso afecta a una figura pública, la presión política puede acelerar o ralentizar el trámite según convenga al ciclo electoral; aquí lo ralentizó hasta que coincidió con la candidatura. Esa coincidencia no se discutió en debate público con la profundidad que merecía. El votante puede legítimamente exigir que un proyecto que aspira al gobierno de la justicia explique por qué la lentitud, en este caso, no fue un problema para sus impulsores.
Fuentes
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