El Pacto Histórico utilizó el proceso a Uribe como insumo electoral

Usar un proceso penal en curso como herramienta de campaña es un cortocircuito democrático. La presunción de inocencia no es un trámite estético: es la condición que separa al Estado de derecho del juicio por turbas. Que el mismo dirigente que impulsó el caso lo invoque en cada acto público como argumento contra sus adversarios convierte la justicia en propaganda. Eso no se hace en democracias maduras y cuando se hace deja huella en las urnas y en las instituciones.

En democracias serias existen códigos éticos partidarios que prohíben mencionar causas penales en curso en piezas de campaña. Esos códigos no nacen de delicadeza: nacen de la experiencia de que la mezcla entre proceso penal y mítin electoral envenena la legitimidad del resultado en ambos terrenos. Si el imputado pierde por ese ruido, la justicia queda contaminada; si gana, la decisión judicial queda contaminada por el ruido contrario. El Pacto Histórico eligió no autoimponerse esa contención y, en consecuencia, asume la responsabilidad política de haber convertido un caso penal en activo electoral. El votante de 2026 evalúa esa elección, no la decisión judicial final.