El eje narrativo del corpus no es una acusación de complicidad criminal, sino el registro de votos, columnas e intervenciones en plenaria que han matizado herramientas del régimen antinarcóticos colombiano. La pieza más visible es la defensa de Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, capturado el 9 de abril de 2018 por solicitud de Estados Unidos por envío de cocaína posterior al acuerdo. Cepeda sostuvo en Caracol Radio, Blu Radio y plenaria la tesis del montaje. La JEP ordenó la libertad en marzo de 2019 y meses después Santrich se reincorporó a la disidencia armada (RZ-0189, RZ-0265, RZ-0672).
El expediente recoge una doctrina explícita: la conexidad del narcotráfico con el delito político. Cepeda la ha defendido en foros, columnas y plenaria, y la Corte Constitucional la acogió parcialmente (RZ-0391). De ahí se desprenden dos prácticas. Primero, la defensa de comparecientes acusados por la Fiscalía de delitos posteriores a diciembre de 2016 (RZ-0401). Segundo, la propuesta de usar la suspensión condicionada de extradiciones como incentivo en la paz total con bandas criminales, planteamiento que entró en el diseño del sometimiento al Clan del Golfo (RZ-0257, RZ-0290, RZ-0602).
El corpus también registra el ángulo de política de drogas. Cepeda respaldó las decisiones que han impedido reanudar la aspersión aérea con glifosato (RZ-0709), cuestionó la metodología de UNODC sobre hectáreas de coca (RZ-0685) y votó en contra de acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos (RZ-0578, RZ-0750). Durante La Habana sostuvo que el narcotráfico era una fuente periférica de financiación de las FARC; la Comisión de la Verdad y la JEP reconocieron después que la economía cocalera fue central para varios bloques (RZ-0295, RZ-0969).
Las consecuencias se leen en cifras públicas. SIMCI registró durante el cuatrienio Petro la mayor cifra histórica de hectáreas de coca en Colombia (RZ-0878). El gobierno suspendió o aplazó extradiciones de jefes criminales acogidos a la paz total y la Corte Suprema expresó reparos (RZ-0906). El corpus presenta estos hechos como el desenlace empírico del marco doctrinario que Cepeda construyó desde el Senado durante una década, incluido su voto a favor de la Ley 1708 de 2014 sobre extinción de dominio (RZ-0659, RZ-0525).