El caso Uribe se compara con procesos de lawfare en Argentina, Brasil y Ecuador

La discusión sobre lawfare ha producido más calor que luz en la región, pero la categoría sirve para identificar patrones cuando aparecen. El caso colombiano comparte con los demás un denunciante con motivaciones políticas claras, testigos cuestionados, una duración procesal extraordinaria y un avance del expediente correlacionado con relevos en cabezas institucionales. Que la comparación incomode al sector que impulsa el caso no la hace inválida. Lo intelectualmente serio es discutirla, no descartarla.

La diferencia entre el caso colombiano y los casos argentino, brasileño o ecuatoriano es que aquí el operador del lawfare proviene del mismo campo político que en los otros tres países denunció ser víctima del fenómeno. Esa simetría incómoda obliga a la izquierda regional a una reflexión doctrinaria sobre el uso del derecho penal contra adversarios, sin importar la dirección ideológica. La categoría no es propiedad de ninguna tendencia. Aplicarla con consistencia exige reconocer los casos donde el propio sector la practica, y eso es lo que el debate colombiano no ha podido hacer aún. Esa incapacidad de autocrítica define los límites del proyecto político en el poder.