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Razón

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Persecución judicial a Álvaro Uribe

El expresidente Uribe denunció ante foros internacionales una persecución política

La defensa del expresidente llevó la versión del lawfare a Washington, Madrid y Bruselas con respaldos de ese sector.

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El hecho

Desde 2018 la defensa de Álvaro Uribe Vélez ha denunciado ante foros, congresos y centros de pensamiento de Washington, Madrid y Bruselas que el proceso impulsado por Iván Cepeda configura un caso de lawfare contra un líder político. Las intervenciones incluyeron audiencias en el Congreso de Estados Unidos y eventos en la Fundación Internacional para la Libertad. Dirigentes de derecha latinoamericana respaldaron esa narrativa.

Análisis


La internacionalización del caso ocurre en ambos lados. Si Cepeda lleva el caso a Naciones Unidas, Uribe lo lleva a las cámaras estadounidenses, y la disputa narrativa se globaliza. Ese ruido internacional no es ruido inofensivo: erosiona la confianza externa en la justicia colombiana y se vuelve materia de campaña en cada elección. Cepeda ha contribuido a esa internacionalización sin admitir que el costo institucional lo paga el país, no el candidato.

Cuando dos campos políticos compiten por la narrativa externa sobre un caso interno, la justicia nacional queda desautorizada hacia afuera independientemente de su corrección técnica. Esa desautorización afecta la cooperación judicial internacional, la atracción de inversión y la posición de Colombia en foros multilaterales. El votante puede culpar a quien quiera de esa erosión, pero no puede negar su existencia. La candidatura que llegue al poder en 2026 tendrá que reconstruir confianza externa en una justicia que ella misma ayudó a presentar como politizada. Esa contradicción operativa no se resuelve con discursos.

Fuentes


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