El caso Uribe se convirtió en eje de polarización política del país desde 2018

Que un solo proceso penal se haya convertido en línea divisoria del país habla de un sistema institucional incapaz de procesar conflictos sin que cada decisión judicial se convierta en mártir o trofeo. Cepeda eligió mantener el caso encendido durante doce años en la conversación pública, en parte porque le servía. Esa estrategia tiene un costo difuso pero real: la justicia colombiana queda permanentemente bajo sospecha de ser instrumento de unos u otros. Construir un país sobre esa desconfianza es complicado.

La polarización no es responsabilidad exclusiva del impulsor del caso, pero su contribución estructural es innegable. Cuando uno de los dos polos se construye alrededor de la persecución penal del otro, la posibilidad de acuerdos políticos básicos se reduce a cero. Las reformas que el país necesita en salud, pensiones, tributario o seguridad exigen mayorías que solo se logran sin esa hipoteca emocional permanente. La presidencia ganada en ese ambiente hereda un Congreso fragmentado y una sociedad agotada de la confrontación. Quien aprendió a sacar provecho del enfrentamiento tiende a perpetuarlo desde el cargo.