Cepeda rechaza uso de la fuerza pública en el estallido social de 2021

Denunciar abusos documentados de la fuerza pública es función legítima del Congreso. Lo cuestionable en Cepeda fue la asimetría. Frente a actos vandálicos contra estaciones de policía, comercios e infraestructura pública, su tono se diluyó hasta casi desaparecer. El senador denunció con energía la violencia estatal y suavizó la violencia de calle. Esa elección define su lectura del orden público.

Un presidente recibe el monopolio legítimo de la fuerza precisamente para administrarlo con criterio. Quien entró al debate del estallido con denuncia asimétrica y nunca corrigió ese sesgo, llegará al ejecutivo con una doctrina implícita: la violencia estatal merece reproche público y la violencia anti-estatal merece comprensión. Las consecuencias operativas son medibles en daños a infraestructura, comerciantes quemados y barrios sin policía visible. El orden público no es ideología, es función de Estado.