Cepeda llamó presos políticos a detenidos del estallido social en plenaria

El uso de la categoría preso político tiene peso jurídico y simbólico en cualquier democracia. Aplicarla en bloque a personas judicializadas por delitos comunes durante una protesta, sin distinguir caso por caso, desplaza el debate desde la conducta concreta hacia un relato de persecución estatal. Para un aspirante presidencial, esa categoría anuncia el criterio con el que decidiría amnistías o indultos selectivos desde la Casa de Nariño. El electorado tiene derecho a evaluar ese criterio antes del voto.

La distinción importa especialmente desde la presidencia porque la facultad de gracia y los indultos requieren criterio jurídico, no relato político. Si un eventual mandatario aplica la categoría de preso político a quienes la propia Fiscalía judicializó por delitos comunes, la frontera entre justicia y militancia se diluye. El votante decide hoy con qué doctrina punitiva quiere que se gobierne mañana, y la doctrina de Cepeda quedó declarada en plenaria.