Cepeda ha respaldado limitar la cooperación con la Corte Penal Internacional

El principio de complementariedad del Estatuto de Roma es real y la JEP es una jurisdicción de transición legítima. El problema es cuando esa defensa se usa para frenar revisión externa sobre sanciones propias del tribunal que no cumplen estándares internacionales. La primera macroimputación a exjefes de las FARC, en 2023, planteó sanciones restaurativas sin cárcel. Cerrar la puerta a la CPI sin garantizar pena efectiva es invitar a un examen futuro. Esa apuesta tiene riesgo.

La Fiscalía de la CPI cerró el examen preliminar sobre Colombia en 2021 con un acuerdo de cooperación, no con una absolución. Si las sanciones propias de la JEP se quedan cortas frente a la gravedad de los crímenes, ese examen se puede reabrir. Un presidente que cierre la puerta al diálogo con La Haya sin asegurar penas creíbles internamente expone al Estado a una crisis jurisdiccional futura. La prevención requiere matiz, no blindaje absoluto.