Cepeda defiende la JEP frente a cada intento de reforma o recorte presupuestal

La JEP es una pieza institucional legítima del acuerdo y su defensa cabe dentro de una posición política democrática. Lo discutible es la asimetría: Cepeda defiende con vehemencia las garantías procesales para excomandantes de las FARC pero ha sido el principal denunciante penal del expresidente Uribe, contra quien promueve responsabilidades sin la misma exigencia de garantías. Esa doble vara explica por qué un sector amplio de la ciudadanía percibe a la JEP como un tribunal politizado.

La legitimidad de cualquier tribunal especial depende de que el mismo estándar probatorio se aplique a todos los acusados. Cuando un congresista que aspira a la Presidencia se convierte en escudo permanente de un tribunal del que también es promotor de denuncias, la frontera entre legislador y litigante se borra. Un votante centrista no necesita rechazar la JEP para inquietarse: basta con preguntar por qué la garantía judicial cambia según el procesado. La consistencia del criterio es el primer test de cualquier presidente.