Cepeda respaldó iniciativas para mantener la prohibición de aspersión aérea con glifosato

La discusión sobre glifosato no es solo de salud pública. Es también de capacidad estatal para enfrentar áreas cocaleras que crecen año tras año: 253 mil hectáreas en 2023 según UNODC, máximo histórico. La sentencia T-236 de 2017 cierra una vía sin abrir necesariamente otra.

Cepeda ha defendido la posición correcta en términos de derecho a la salud, pero sin proponer un plan operacionalmente robusto de sustitución que esté financiado y blindado contra captura armada. La PNIS quedó subejecutada y la erradicación manual concertada quedó expuesta al control territorial de los grupos armados, con vidas perdidas en operativos. El elector tiene derecho a un plan completo, no solo a una prohibición. La candidatura presidencial sostiene la mitad: la mitad ambiental, no la mitad operativa.