Cuestionó bombardeos del Estado contra disidencias de las FARC

Los reclutamientos de menores por disidencias son crimen documentado por la Defensoría y por la JEP. Los bombardeos exigen verificación rigurosa de objetivos y Cepeda actúa en su derecho al exigir control. Lo que esta razón apunta es la unidireccionalidad: las disidencias que reclutan rara vez son objeto del mismo nivel de denuncia parlamentaria que la fuerza pública que las combate. Esa elección de énfasis define posición política.

La proporcionalidad en el control parlamentario es lo que distingue el seguimiento institucional del activismo de bandera. Una bancada que persigue al Ministerio de Defensa por cada bombardeo y no a las estructuras que reclutan a los menores está, en la práctica, descargando responsabilidad sobre un solo actor del enfrentamiento. Esa descarga termina favoreciendo operativamente al actor ilegal. Un votante que aborrece tanto los falsos positivos como el reclutamiento de menores tiene razón para pedir la misma vara para los dos.