Cepeda ha cuestionado operaciones militares contra disidencias bajo argumentos de DDHH

La preocupación por menores reclutados es legítima y obligatoria. El asunto es la asimetría de la indignación. Cepeda dedica voz pública sostenida a las operaciones de la fuerza pública y voz puntual al grupo que recluta a esos menores. El mensaje implícito es claro: la responsabilidad principal está en el Estado. Eso es una tesis política, no una conclusión obvia.

Un presidente comandante en jefe que llega con esa asimetría compromete la moral operativa de la tropa. La cadena de mando necesita certezas básicas sobre el respaldo civil a las operaciones legítimas. Si el ejecutivo va a presumir mala fe en cada bombardeo a un campamento disidente, el incentivo para actuar contra esos campamentos cae. El espacio que cede la fuerza pública lo ocupa la disidencia, y los menores reclutados siguen ahí.