Cepeda denunció a Uribe ante la Corte Suprema en septiembre de 2012

La denuncia de 2012 es el punto de origen de todo lo que vino después. Antes de esa pieza procesal no había investigación penal contra Uribe; después de ella, la maquinaria judicial colombiana se volcó sobre el principal opositor de la izquierda. Cepeda no se limitó a hacer control político: armó un expediente con visitas a presos, lo entregó a la Corte y se convirtió en parte activa del proceso. Ese rol mixto, denunciante y constructor de prueba, es lo que distingue su persecución de un simple debate parlamentario.

Una candidatura presidencial encabezada por quien diseñó esa arquitectura jurídica no es un dato menor para el votante. Quien aprendió a usar la denuncia penal como instrumento de carrera política tiende a repetir el método cuando llega a posiciones de mayor poder. La presidencia controla la terna de fiscal general, designa ministro de Justicia y orienta la política criminal del Estado. Un colombiano puede pensar lo que quiera de Álvaro Uribe y aun así reconocer que esa concentración de incentivos en manos del impulsor de un caso de doce años merece, como mínimo, una pausa antes de votar.