Cepeda guarda silencio sobre la expansión cocalera de las disidencias en su gobierno aliado

La política de drogas es legítimamente debatible y la sustitución forzosa tiene problemas. Pero un líder político que aspira a la presidencia no puede esquivar la pregunta sobre por qué los grupos con los que el gobierno negocia controlan más territorio y más coca al mismo tiempo. El silencio es una respuesta. Quien aspira a comandar la fuerza pública debe asumir esa pregunta de frente.

Los informes de UNODC son insumo técnico habitual del Estado colombiano y de la cooperación internacional. Ignorarlos públicamente no los desactiva: solo desplaza el debate a foros donde el aspirante no participa. Una presidencia que arranque sin reconocer ese diagnóstico llega con un déficit de credibilidad frente a la cooperación antinarcóticos. El costo de ese déficit lo paga la política de drogas durante cuatro años.