Cepeda presionó públicamente a la Fiscalía cuando esta pidió preclusión del caso

Que un denunciante reconocido como parte civil ataque por nombre y apellido al fiscal que pide cerrar su caso es una práctica que erosiona el principio acusatorio. La Fiscalía no es la oposición política del denunciante: es el órgano estatal que decide si hay mérito para acusar. Cepeda confundió esos planos y eligió la presión pública sobre la deferencia institucional. La táctica funcionó: la presión mediática contribuyó a que la preclusión se negara. La pregunta es a qué costo institucional.

La relación entre poder político y Fiscalía es uno de los puntos más sensibles del diseño constitucional colombiano. Cuando un senador con bancada activa amplifica la descalificación pública del fiscal del caso, el efecto disuasivo sobre el resto del cuerpo fiscal no es teórico. Un fiscal medio piensa dos veces antes de pedir preclusiones en casos donde el denunciante tiene poder mediático suficiente para destrozar carreras. Esa lección no se borra con el cambio de gobierno. La presidencia administra el incentivo institucional desde la cima, y conviene preguntar qué tipo de fiscalía resulta cómoda al candidato que aprendió a presionar la actual.