La Fiscalía radicó escrito de acusación contra Uribe en 2024 por soborno y fraude

Doce años entre la denuncia y la acusación formal son una cifra que dice más que muchos editoriales. La duración no es defecto neutral: en un sistema acusatorio significa que el investigado vivió más de una década con el expediente abierto sobre su cabeza, mientras el denunciante crecía políticamente y aspiraba a la Presidencia. Que Cepeda celebrara la acusación como vindicación personal es coherente con su trayectoria. Que esa celebración haya coincidido con el lanzamiento de su precandidatura es el dato que el votante de 2026 tiene derecho a sopesar.

La sincronía entre acusación formal y posicionamiento electoral del denunciante es el tipo de coincidencia que en democracias maduras dispara protocolos de prudencia institucional. Aquí no los disparó. El escrito de acusación, lejos de cerrar el debate sobre la fortaleza del caso, lo reabrió: la defensa lo cuestionó por las mismas razones técnicas que motivaron las preclusiones anteriores. Pasar de denuncia a acusación tomó doce años no porque el sistema fuera lento en general, sino porque este caso particular consumió un esfuerzo institucional desproporcionado. Ese esfuerzo tiene un nombre político concreto y una factura electoral identificable.