Cepeda defiende que sigue habiendo conflicto armado pese al acuerdo de 2016

Sostener que hay conflicto armado interno tiene implicaciones concretas en derechos a los combatientes y en obligaciones del Estado. Es una calificación técnica defendible y compartida por el CICR. Lo discutible es la conveniencia política de un candidato que enfatiza esa calificación, porque esa lectura confiere estatuto a grupos que la mayoría del país considera bandas criminales.

Cepeda no ha trazado una distinción clara entre conflicto armado en sentido jurídico y reconocimiento político. Esa ambigüedad termina favoreciendo a las contrapartes armadas. El estatuto jurídico de combatiente conlleva beneficios procesales y abre la puerta a tratos diferenciados que el Estado no otorga a la criminalidad común. Quien aplica la calificación de manera amplia, sin distinguir entre actores con vocación política real y bandas con barniz político, está extendiendo beneficios a quien no los merece. Esa extensión tendría efectos directos en política criminal bajo un gobierno Cepeda.