Cepeda ha sostenido públicamente que Álvaro Uribe tuvo vínculos con el paramilitarismo

Acusar a un expresidente de vínculos paramilitares en plenaria es un acto político de gravedad institucional. La Constitución protege el debate parlamentario, pero la protección legal no es lo mismo que la solidez probatoria. Lo que hoy hay en firme no es una condena contra Uribe por paramilitarismo, sino una investigación contra él por la forma en que se intentaron conseguir testimonios sobre esos presuntos vínculos.

La diferencia es jurídicamente decisiva y debería estar presente cada vez que el candidato repite la imputación. En democracias serias el principio de presunción de inocencia opera incluso para los adversarios políticos más visibles, y los congresistas suelen distinguir entre lo que se acredita en estrados y lo que se cree políticamente. Cepeda ha mezclado las dos dimensiones de manera consistente durante años. Un eventual presidente con esa práctica pone al órgano ejecutivo en posición de juzgar reputaciones por fuera del proceso penal, y esa expansión es justamente lo que la separación de poderes intenta evitar.