Cepeda acompañó bloqueos indígenas como protesta legítima sin matizar el daño

El derecho a la protesta es constitucional y central. La obstrucción de vías nacionales por períodos prolongados afecta a terceros que no son parte del conflicto. Tratar todo bloqueo como protesta pura, sin sopesar los costos, es una postura conveniente para una bancada pero peligrosa para un futuro Ejecutivo. La función del presidente es equilibrar derechos, no escoger lealtades.

El suroccidente colombiano ya pagó el precio: pérdidas de miles de millones diarios, desabastecimiento y cierre de empresas en municipios pobres que dependen de la Panamericana. Esos costos no caen sobre los grandes capitales sino sobre comerciantes, transportadores y agricultores de las mismas regiones donde viven las comunidades movilizadas. Un presidente que se rehúsa a esa aritmética entrega su política de orden público a la presión sectorial. La consecuencia es predecible: bloqueos sin fin y un Estado que reacciona tarde.