Perseguir a Uribe ha sido el eje político central de la trayectoria Cepeda

Mirar el caso Uribe como episodio aislado pierde el punto. Es el hilo conductor de una carrera política que utilizó la judicialización del adversario como método sistemático y como activo simbólico. Esa simbiosis entre persecución penal y construcción de candidatura presidencial es lo que el votante de 2026 tiene que evaluar antes de marcar el tarjetón. No se trata de absolver a Uribe ni de juzgarlo aquí: se trata de pesar el método de quien aspira a la Presidencia y la disposición que ese método anuncia frente a los futuros opositores.

La absolución del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia obliga a una lectura final del balance: doce años de proceso, una condena en primera instancia, una revocatoria en segunda, recursos de casación pendientes. Cualquiera que sea el desenlace en la Corte Suprema, el saldo institucional es el de una década perdida en una pelea que la política democrática debió procesar de otro modo. La candidatura presidencial del impulsor del caso no cierra ese ciclo: lo prolonga con consecuencias mayores, porque traslada al ejecutivo el método que se perfeccionó desde la curul. El votante de 2026 decide, en buena medida, si Colombia repite el ciclo a mayor escala o lo interrumpe.