Parte civil activa en el proceso contra Uribe ya en sede fiscal

La continuidad importa. Si Cepeda fuera un denunciante coyuntural, el archivo posible del proceso lo dejaría sin caso, pero su permanencia como parte interesada sostiene jurídicamente la acción. Eso vuelve estructural su confrontación con Uribe. Para 2026 ese pleito personal pesa más que cualquier diferencia programática, y la aspiración presidencial se libra en parte sobre la trayectoria de ese expediente.

La fragilidad institucional del cruce salta a la vista. Un denunciante activo que se convierte en jefe de Estado mientras el proceso continúa en la Fiscalía coloca a esa entidad en una posición incómoda, independientemente de lo que decida. Cualquier resultado del juicio cargará la sospecha de presión política, en uno u otro sentido. Las democracias maduras tienden a evitar ese tipo de coincidencias precisamente porque erosionan la confianza en la justicia. El votante que cuida ese equilibrio tiene aquí una razón objetiva para inquietarse.