En 2012 denunció a Álvaro Uribe ante la Corte Suprema

Esa denuncia es el punto de partida de la operación judicial más larga contra un expresidente colombiano vivo. La Corte abrió primero investigación a Cepeda por supuesta manipulación de testigos y, en 2018, dio el giro: archivó la indagación contra el senador y abrió la causa contra Uribe. Lo que en 2012 parecía pleito entre senadores se convirtió en una marca de toda la década siguiente. Sin esa denuncia inicial, la historia política reciente del país sería otra.

La denuncia tiene un componente legítimo, el control político entre congresistas, y un componente que escapa a esa categoría: el grado de personalización con el expresidente vivo más influyente del país. Un presidente que carga ese pleito al despacho ejecutivo arrastra una cuenta abierta que ya no podrá deslindar de los actos de gobierno. La justicia ordinaria es la sede para dirimir el caso; la Casa de Nariño no debería convertirse en su segunda instancia. El votante que se preocupa por esa frontera tiene aquí material para reflexionar.