La Corte Suprema ordenó detención domiciliaria contra Álvaro Uribe en agosto de 2020

La detención domiciliaria de un expresidente es una noticia que ningún país de la región había vivido en ese contexto procesal. Que ocurriera en un caso originado por la denuncia de un senador del partido contrario al investigado debería bastar para que el sistema político tomara nota del riesgo institucional. Cepeda eligió celebrar, no moderar. Esa elección comunica un proyecto de país en el que los adversarios no se derrotan en las urnas sino en los estrados.

La historia regional ofrece ejemplos suficientes para incomodar a cualquier demócrata. Cristina Fernández en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador: en cada caso la prisión cautelar o domiciliaria del expresidente coincidió con un ciclo de polarización que el sistema judicial no resolvió. En todos esos países la decisión inicial se interpretó como vindicación moral y, años después, los tribunales superiores la revisaron. Colombia repitió el patrón con un agravante: el principal denunciante construyó capital electoral con la medida cautelar. La candidatura de 2026 hereda ese capital y lo administra como activo, no como problema.