Cepeda vinculó criticas parlamentarias a Quilcué con amenazas de muerte recibidas

Las amenazas de muerte contra cualquier congresista son inaceptables y deben investigarse. Atribuirlas, sin investigación previa concluida, a la crítica política de adversarios es una imputación grave. Esa imputación traslada al opositor parlamentario el peso de un crimen sin prueba ni proceso. Si esa lógica se vuelve doctrina, deja de existir oposición legítima.

La Corte Constitucional y la jurisprudencia interamericana han sido claras en distinguir el discurso político del incitamiento a la violencia. La distinción protege tanto a las víctimas como a la democracia: sin ella, cualquier crítica se vuelve presunto delito y la oposición un sospechoso permanente. Llevar ese reflejo de plenaria al Ejecutivo configura una práctica que en Venezuela y Nicaragua se conoce de memoria: opositor político igual responsable simbólico de cualquier desgracia. Es el primer paso para criminalizar la disidencia.