Cepeda ha denunciado sistemáticamente a la Fuerza Pública por violaciones de DDHH

Denunciar violaciones probadas es una función democrática y la Justicia ha confirmado muchos de los hechos por los que Cepeda alzó la voz. El problema aparece cuando la denuncia se vuelve enfoque exclusivo y no se acompaña de reconocimiento al trabajo de inteligencia y combate que la Fuerza Pública también realiza contra grupos armados. Esa asimetría afecta la moral institucional y la cohesión interna. Un comandante en jefe que partiera de la sospecha sistemática heredaría un Ejército con incentivos perversos.

La Fuerza Pública colombiana enfrenta a las disidencias, al ELN, al Clan del Golfo y a otras estructuras armadas con bajas constantes. Un presidente que entra al Palacio leyendo a esa institución desde el lente del sospechoso permanente debilita la disposición operativa cuando más se necesita. Petro mostró parte de ese costo con la oleada de retiros voluntarios de altos mandos en 2022 y 2023, registrados por El Tiempo. Profundizar esa lectura institucional acelera la fuga de capacidades y no resuelve los problemas reales de derechos humanos que sí persisten.