Cepeda publicó libros y columnas que consolidaron la narrativa del caso Uribe

Convertir un proceso penal en activo editorial mientras se ejerce como parte civil del mismo proceso es atípico. La diferencia entre denunciar para que la justicia decida y escribir para que la opinión pública condene primero se diluye en esa producción. Cepeda construyó un relato que precede y orienta cada decisión judicial. Esa labor narrativa es legítima en cualquier ciudadano, pero en el denunciante reconocido como víctima procesal tiene un peso institucional distinto.

La producción editorial sostenida durante años funciona como sentencia paralela publicada antes que la sentencia oficial. Cuando esa sentencia editorial circula con la firma del denunciante, la opinión pública recibe la versión condenatoria como hecho cumplido, y la decisión judicial posterior queda condicionada a confirmar o desmentir la narrativa instalada. En ambos escenarios el juez pierde autonomía deliberativa de facto. El votante de 2026 puede considerar si quiere como presidente a alguien que normalizó esa colonización editorial de la deliberación judicial. La respuesta no requiere ideología: requiere honestidad institucional.