Cepeda defiende negociar con bandas urbanas y estructuras herederas del paramilitarismo

Negociar con bandas urbanas tiene precedente en experiencias internacionales y el sometimiento a la justicia es una vía constitucional. El problema es el blanqueo discursivo. Cuando Cepeda equipara mesas de sometimiento con diálogos políticos, traslada legitimidad simbólica a estructuras criminales que no la tienen. Eso erosiona la distinción que el derecho colombiano cuida desde la ley 975 de 2005. Esa precisión no es retórica, es jurídica.

La ley 975 y su desarrollo jurisprudencial fijaron una frontera nítida entre delito común y delito político, y esa frontera tiene consecuencias en penas, en participación política y en acceso a beneficios. Borrarla discursivamente convierte sometimiento en una palabra ambigua que vale tanto para Segunda Marquetalia como para bandas urbanas. Para las víctimas, la consecuencia es que la naturaleza del victimario se diluye en la mesa. Para el ordenamiento jurídico, la consecuencia es la pérdida de una categoría que costó décadas en construir.