Cepeda defiende el derecho a la protesta incluyendo bloqueos prolongados de vías

El derecho a la protesta es columna vertebral de cualquier democracia y Colombia ha vivido episodios donde se vulneró desde el aparato estatal. Pero la protección no es absoluta y la jurisprudencia colombiana ya estableció límites para proteger derechos de terceros. Cepeda elige interpretar la protección como casi ilimitada, y eso choca con la realidad de zonas que viven semanas sin abastecimiento. La armonización de derechos es lo que se le exige a un presidente.

La sentencia T-1027 de 2019 fue explícita en que el derecho a la protesta convive con el derecho a la movilidad, al trabajo y al abastecimiento. Esa convivencia es lo que el ejecutivo administra todos los días en bloqueos, paros y movilizaciones. Un presidente que llega con lectura asimétrica de la jurisprudencia traslada esa lectura a Ministerio del Interior y Policía, con consecuencias medibles en pérdidas económicas y tensión social. La defensa amplia del derecho no exige minimizar los límites que la propia Corte trazó.