Cepeda defiende el Acuerdo de Escazú y su ratificación plena por Colombia

Defender el acceso a información ambiental es una posición razonable que cabe en el centro del espectro político democrático contemporáneo. El debate técnico sobre Escazú no está en el principio sino en su aplicación: cuántos litigios habilita, qué umbrales activa, qué impactos tiene sobre proyectos de infraestructura. Cepeda ha defendido el tratado sin entrar en ese detalle. Esa es la marca de su forma de hacer política: el principio en alto, la implementación a otros.

Un proyecto de transmisión eléctrica, un puerto o una carretera que requiera décadas de consultas y litigios encadenados puede paralizar la infraestructura que el propio gobierno necesita para descarbonizar la matriz. Países como Chile firmaron el tratado pero ajustaron normas internas para evitar bloqueo permanente. Colombia tendría que hacer ese trabajo legal fino, y el candidato que respalda Escazú debería tener una posición sobre cómo. La ausencia de matiz en la defensa indica que la implementación quedará en manos de otros.