Cepeda fue coautor de la ley que reconoció el genocidio contra la Unión Patriótica

El conflicto de interés evidente convive con la legitimidad biográfica. Cepeda tiene autoridad moral para pelear por esa ley, pero también un conflicto material directo. Esa tensión es legítima de exhibir: ningún congresista debería ser autor principal de una norma que beneficia simbólicamente a su propia familia sin declararlo. La discusión queda abierta para el votante.

El Reglamento del Congreso obliga a declarar conflicto de interés en proyectos que benefician al congresista, sus familiares o agremiaciones afines. La Ley 2003 de 2019 reforzó ese deber. La participación de Cepeda como autor principal en una ley directamente vinculada a la reivindicación familiar exige, como mínimo, una declaratoria pública y un debate sobre impedimento. La legitimidad de la causa no exime del cumplimiento de la regla. Como precedente para un Ejecutivo, importa: si el congresista no separa lo personal de lo institucional cuando la causa le es cercana, el presidente tampoco va a hacerlo.