El acuerdo de paz con las FARC explicado punto por punto

Qué es el Acuerdo Final con las FARC

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es el texto firmado entre la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que puso fin al enfrentamiento armado más prolongado del hemisferio occidental. Tiene 310 páginas en su versión definitiva del Teatro Colón, organizadas en seis puntos y un anexo de implementación, con procedimientos detallados para cada uno.

Su base legal en Colombia es doble. Por un lado, el Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó el Acuerdo como referente obligado de interpretación durante tres periodos presidenciales, hasta 2030. Por otro, el Acto Legislativo 01 de 2017 creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —del que forma parte la Jurisdicción Especial para la Paz— como pieza constitucional del cumplimiento. La Corte Constitucional avaló ambas piezas en sentencias C-630 y C-674 de 2017.

La negociación se desarrolló en La Habana entre octubre de 2012 y agosto de 2016, con Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como países acompañantes. Las conversaciones públicas estuvieron precedidas por una fase exploratoria secreta iniciada en febrero de 2012. El gobierno colombiano fue representado, entre otros, por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo; la delegación de las FARC fue encabezada por Iván Márquez y Pablo Catatumbo. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) custodia el archivo oficial del proceso.

Cómo funciona: los seis puntos, uno por uno

Punto 1. Reforma Rural Integral. Apunta a la transformación estructural del campo colombiano. Sus instrumentos centrales son el Fondo de Tierras de tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, la formalización masiva de la propiedad rural, los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 170 municipios priorizados por afectación del conflicto. Crea, además, la jurisdicción agraria como vía judicial especializada.

Punto 2. Participación política, apertura democrática. Establece garantías para el ejercicio de la oposición política, dieciséis Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en zonas del conflicto, revisión integral del sistema electoral y un Estatuto de Garantías para la oposición (Ley 1909 de 2018). Habilitó la transformación de las FARC en partido político legal, inicialmente bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y hoy denominado Comunes.

Punto 3. Fin del conflicto. Es el corazón operativo del acuerdo. Incluye el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (vigente desde el 29 de agosto de 2016), la dejación de armas verificada por Naciones Unidas en 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, la reincorporación económica y social de excombatientes y las garantías de seguridad para líderes sociales y exintegrantes. Las FARC entregaron 8.994 armas según el informe final de la Misión de Verificación de la ONU.

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. Combina tres subpuntos: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), prevención del consumo y salud pública, y solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. La sustitución es voluntaria, con acuerdos colectivos entre comunidades y Estado, y aporta proyectos productivos a cambio de erradicación manual. Es uno de los puntos con cumplimiento más lento.

Punto 5. Víctimas del conflicto. Crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —que entregó su informe final en junio de 2022—, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP investiga y juzga los crímenes más graves cometidos en el conflicto. Aplica sanciones propias a cambio de aporte de verdad plena y reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas.

Punto 6. Implementación, verificación y refrendación. Diseña el Plan Marco de Implementación a quince años, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), el componente internacional de verificación —Misión de la ONU, Instituto Kroc— y el principio de género transversal. También fija las prioridades de financiación y la arquitectura institucional para que el Estado, no solo el gobierno de turno, asuma el compromiso.

Historia: fechas que importan

La fase exploratoria secreta de la negociación se abrió en febrero de 2012 en La Habana. El gobierno Santos anunció públicamente el inicio de las conversaciones en septiembre de ese año. La mesa pública sesionó entre octubre de 2012 y agosto de 2016 en la capital cubana. El 23 de junio de 2016 las partes anunciaron el acuerdo sobre cese al fuego definitivo; el 24 de agosto, el acuerdo final integral.

El 26 de septiembre de 2016, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño «Timochenko» firmaron el Acuerdo Final ante quince jefes de Estado, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el secretario de Estado John Kerry. El 2 de octubre, en plebiscito convocado para refrendarlo, el No ganó por 50,21% frente a 49,78% del Sí, con abstención de 62,57%, según resultados oficiales de la Registraduría.

El gobierno y las FARC abrieron una mesa de renegociación con los voceros del No, encabezados por Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Se incorporaron alrededor de cincuenta modificaciones al texto. El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, se firmó la versión definitiva, refrendada por el Congreso en sesiones extraordinarias entre el 29 y el 30 de ese mes. El Premio Nobel de la Paz 2016 fue otorgado al presidente Santos el 7 de octubre, en plena turbulencia política poselectoral.

El 27 de junio de 2017 las FARC entregaron a la Misión de la ONU la última caleta de armas y se declararon disueltas como estructura armada. El 1 de septiembre del mismo año se constituyeron como partido político. En 2018, el gobierno Duque asumió la implementación con un programa público de «modificaciones» que enfrentó la oposición de Cepeda y otros sectores. Desde 2022, el gobierno Petro y la paz total dieron al acuerdo un nuevo marco de continuidad y ampliación.

Implementación según el Instituto Kroc

El propio Acuerdo Final designó al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, como verificador técnico de la implementación. Su metodología sigue 578 disposiciones específicas y clasifica cada una en cuatro estados: no iniciada, mínima, intermedia o completa. Los informes son periódicos y constituyen la referencia académica obligada para medir avances.

El décimo informe, publicado en 2025 con corte a noviembre de 2024, sitúa el cumplimiento completo agregado en alrededor del 33%, con un 18% adicional en estado intermedio. El punto 3 (Fin del conflicto) registra los avances más altos por la dejación de armas y el inicio de la reincorporación; los puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas) acumulan los retrasos más significativos. El punto 5 (Víctimas) avanzó con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad en 2022 y con las macroimputaciones de la JEP en los casos 01 (secuestros) y 03 (falsos positivos).

Los riesgos identificados en el informe son consistentes con los señalados por la Misión de Verificación de la ONU: continuidad del asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo, presencia de disidencias en territorios PDET, brechas de financiación del Plan Marco de Implementación y demoras en formalización de tierras y sustitución de cultivos. A diez años de la firma, el balance es de implementación parcial con institucionalidad mantenida.

Controversias actuales

La JEP es el frente más expuesto. Desde 2017 ha enfrentado intentos de reforma, recortes presupuestales y críticas a las sanciones propias —no privativas de la libertad ordinaria— que la Constitución le permite imponer. En 2024 y 2025 dictó las primeras macroimputaciones contra excomandantes de las FARC y contra militares responsables de falsos positivos. La discusión pública gira en torno a la proporcionalidad de las sanciones, el aporte real de verdad y la articulación con la justicia ordinaria.

La extradición es otro punto recurrente. El caso de Jesús Santrich —exjefe de las FARC requerido por Estados Unidos por narcotráfico tras la firma del acuerdo— enfrentó a la JEP con la justicia estadounidense y con la Fiscalía colombiana. Su muerte en mayo de 2021 en Venezuela cerró ese expediente, pero abrió un debate jurídico sobre el alcance del fuero de la JEP frente a delitos cometidos después de la firma del acuerdo.

La aparición de disidencias y el reclutamiento que algunas estructuras han hecho en zonas históricamente PDET (Catatumbo, Cauca, Putumayo, Caquetá) han alimentado la discusión sobre el alcance del acuerdo. Los firmantes que se mantuvieron en la legalidad superan el 90% según cifras de la Agencia para la Reincorporación; las disidencias capturaron a una minoría, pero su impacto territorial es alto.

Posición de Iván Cepeda

Iván Cepeda Castro es uno de los políticos colombianos más vinculados al acuerdo de Habana. Fue acompañante permanente de la mesa entre 2012 y 2016 con visitas documentadas a Cuba; vocero político de la delegación de víctimas que viajó a La Habana en agosto de 2014 —tramo decisivo para el diseño del punto 5—; coautor de los actos legislativos de implementación del acuerdo en 2017; ponente del Acto Legislativo 01 de 2017 que blindó la JEP en la Constitución y defensor activo del texto tras la derrota del plebiscito de 2016. Presidió la Comisión de Paz del Senado en la fase final de las conversaciones.

Desde la aprobación del acuerdo Cepeda ha defendido a la JEP en cada votación crítica del Congreso: rechazó las objeciones presidenciales de Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP en 2019, votó en contra de cada intento de recorte presupuestal y respaldó el fuero pleno para que exjefes de las FARC fueran procesados allí y no extraditados. Esta última postura lo enfrentó al fiscal de entonces Néstor Humberto Martínez en el caso Santrich y volvió a discutirse a propósito de firmantes reincidentes posteriores.

Su candidatura presidencial para 2026 propone explícitamente continuidad del acuerdo y ampliación por cuatro años adicionales mediante una solicitud a Naciones Unidas. Como ponente de la Ley 2272 de 2022 fue una de las arquitecturas legislativas de la paz total, que articula la implementación del acuerdo con las FARC y las nuevas mesas con ELN, disidencias y estructuras criminales. La continuidad del marco es uno de los ejes centrales del programa «El poder de la verdad». Esta posición es coherente y declarada; su lectura crítica corresponde al elector y al expediente que la documenta.

Razones del expediente sobre Cepeda y el acuerdo

El expediente recoge cada uno de estos roles con fuente primaria —gacetas del Congreso, coberturas periodísticas, fotografías de las delegaciones y registros del propio senador—. Una muestra:

• #0068: Vocero institucional permanente del proceso de La Habana
• #0086: Presidió la Comisión de Paz del Senado durante la fase final de La Habana
• #0120: Asistió a la firma del acuerdo en Cartagena en septiembre de 2016
• #0121: Defensa pública del acuerdo tras la derrota del plebiscito de 2016
• #0111: Coautor de los actos legislativos de implementación del acuerdo
• #0269: Ha defendido a la JEP en cada votación crítica del Congreso desde 2017
• #0207: Se opuso a la extradición de exjefes de las FARC a Estados Unidos

Dónde consultar las fuentes oficiales

El texto completo del Acuerdo Final y los registros oficiales del proceso están en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El seguimiento técnico de la implementación lo publica el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Los informes de verificación de la ONU están disponibles en el portal de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Para el componente de justicia transicional se consulta directamente el sitio de la Jurisdicción Especial para la Paz. El expediente completo de declaraciones, votos y acompañamientos de Iván Cepeda al acuerdo está en las 1000 razones.