La Procuraduría tomó posición visible en el caso Uribe

El Ministerio Público es un actor procesal cuya posición pesa. Que su criterio haya oscilado entre administraciones es información que el votante necesita para entender la complejidad del expediente. El caso Uribe no fue cuesta abajo para ninguna de las dos partes; fue pelea jurídica con árbitros que cambiaban. Eso, paradójicamente, refuerza la legitimidad del proceso para algunos y la cuestiona para otros, según el ángulo.

Que una autoridad de control como la Procuraduría haya pedido absolución en una etapa del proceso es un dato que ninguna lectura honesta puede borrar del balance. Las instituciones no se equivocan menos solo porque su criterio sea adverso al candidato; tampoco aciertan más cuando lo respaldan. Sostener simultáneamente que la Procuraduría es legítima cuando avala la víctima e ilegítima cuando pide absolución es una postura difícil de defender ante un electorado adulto. El votante puede preferir cualquier de las dos lecturas, pero merece tener delante toda la oscilación.