La deuda pública bruta del Gobierno Nacional superó el 60% del PIB en 2024

Heredar un endeudamiento de ese tamaño no es un detalle técnico: es un corsé para cualquier programa de inversión social. Cepeda se presenta como continuidad de la administración que dejó la deuda en ese nivel, y eso lo obliga a explicar cómo financiará promesas adicionales sin acelerar el deterioro. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal no es un órgano hostil al Pacto Histórico, lo crearon las propias leyes del país. Sus alertas merecen una respuesta programática, no un silencio estratégico.

En términos prácticos, cada punto del PIB que la deuda crece encarece la próxima emisión soberana y reduce el espacio disponible para gasto en educación, salud o pensiones. Un gobierno que arranca con la deuda ya rebasando el umbral indicativo del CARF empieza con la mitad del margen presupuestal ya hipotecado. El votante razonado tiene derecho a saber qué partidas se sacrificarán para sostener la promesa de continuidad. Sin esa respuesta, la herencia fiscal no es un argumento abstracto sino la primera restricción real del próximo cuatrienio.