Cepeda ha respaldado convenios internacionales de no repetición y desaparición forzada

Ampliar la jurisdicción internacional sobre Colombia es legítimo y consistente con la tradición de derechos humanos del país. La cuestión es de costo institucional cuando una alta proporción de litigios estratégicos pasa del juez ordinario al sistema interamericano. Cepeda firma esa migración sin matiz.

La consecuencia es que decisiones de política pública terminan, cada vez más, definidas por la Corte Interamericana y no por la deliberación colombiana. Países como Venezuela y Nicaragua, que comenzaron retirándose del sistema interamericano, son ejemplo extremo de qué no hacer; pero el camino opuesto, el de subordinación creciente, tiene también sus costos sobre la soberanía decisoria. El votante puede valorar si esa transferencia le parece deseable a la vista del rumbo que la Corte ha adoptado en años recientes. El debate institucional merece estar en la mesa de campaña.