Cepeda promueve una revisión profunda de la relación entre Iglesia y Estado

Defender la laicidad del Estado no es problemático en sí mismo, ya está en la Constitución del 91. El asunto es de prioridad política: convertir esa revisión en bandera del próximo gobierno en un país mayoritariamente católico y donde las iglesias evangélicas también tienen peso electoral implica un costo de capital político. El votante creyente puede preguntarse si esa pelea cultural justifica concentrar esfuerzo presidencial. Es un terreno donde la pluralidad religiosa tiene voz legítima.

Un presidente que abre frente cultural con las iglesias gasta capital político que necesita para otras reformas. La experiencia de Boric en Chile y de López Obrador en México con sectores religiosos muestra los costos de la confrontación. Colombia tiene una agenda urgente en seguridad, empleo y educación; abrir simultáneamente debate sobre laicidad activa fragmenta la base de gobierno. El votante puede preguntar por la jerarquía de prioridades, no solo por la lista de banderas.