Cepeda figuró como coautor del proyecto de jurisdicción agraria del gobierno Petro

Una jurisdicción agraria puede sonar técnica, pero implica trasladar a un sistema de jueces especializados la disputa por la tierra en un país donde la propiedad rural todavía no está saneada. Para Cepeda, esto es reparar a las víctimas. Para sus críticos, abre la puerta a litigios masivos contra propietarios privados con cargas probatorias invertidas.

En países con experiencias similares, la creación de jurisdicciones especiales con sesgo redistributivo se ha traducido en inseguridad jurídica para la propiedad rural y en caídas de inversión productiva. La reforma agraria venezolana de 2001 y el régimen de tierras boliviano post-2006 ofrecen precedentes regionales que vale la pena mirar antes de votar por su impulsor en Colombia. La jurisdicción agraria, mal calibrada, no solo afecta al latifundista: termina golpeando al mediano y pequeño propietario sin títulos perfectos, que es la mayoría del campo colombiano.