Cepeda fue coautor del acto legislativo que creó la jurisdicción agraria y rural

La jurisdicción agraria es una pieza pendiente desde la Ley 200 de 1936 y su creación constitucional es razonable. El problema es la implementación: sin presupuesto efectivo y sin jueces nombrados, el reconocimiento es declarativo. Cepeda promovió la firma constitucional pero la fase ejecutiva quedó subordinada al Gobierno y a su capacidad fiscal.

La autoría no se traduce en autoridad sobre los resultados, y aquí aparece un patrón de la categoría: muchas firmas legislativas sin seguimiento ejecutivo. Cuando un congresista coautora reformas constitucionales y luego no rinde cuentas sobre su materialización, el voto se vuelve gesto, no política. El votante puede preguntarse cuántas de las firmas estructurales del senador tienen versión operativa en quince años. El balance entre acto legislativo radicado y articulado en funcionamiento es desfavorable.